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Juan Carlos Márquez

 

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La semana pasada el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional inició la investigación sobre la sospechosa muerte de Juan Carlos Márquez, un exjerarca de la petrolera venezolana PDVSA, y que estaba siendo investigado por varios delitos de blanqueo de capitales en España y Estados Unidos. Datos nuevos, como el hallazgo de marcas en su cuerpo, apuntan a que no fue un suicidio, ya que Márquez pretendía colaborar con la justicia española.
“No se suicidó. Lo mataron. Juan Carlos Márquez armaba jurídicamente los “guisos” en la época de Rafael Ramírez” publicaba el diario elconfidencial.com. La sospecha sobre las muerte de Márquez siempre han planeado desde hace una semana. Para entenderlo hay que remontarse a la llegada al poder del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, cuando se encargó a altos cargos de confianza del movimiento chavista la dirección de la petrolera única del país (PDVSA), entre ellos a Rafael Ramírez, mentor y protector de Juan Carlos Márquez.
Dos décadas después del inicio del chavismo, investigaciones abiertas en España, Estados Unidos, Panamá y el parlamento venezolano apuntan a que la estatal petrolera ha vivido un desfalco multimillonario del que presuntamente se han benficiado varios miembros del régimen y directivos de la petrolera, entre ellos Márquez, el fallecido.
Entre los investigados por corrupción se encontraba Juan Carlos Márquez, cuyo nombre apareció en las diligencias realizadas contra Raúl Morodo, que fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según confirmó Marqués antes de morir, el abría firmado varios pagos en nombre de PDVSA.
Morodo y su hijo se encuentran actualmente investigados por la Audiencia Nacional por haber recibido presuntamente dinero de parte del gobierno de Hugo Chávez por “servicios de asesoría”. Ese dinero habría sido pagado por la empresa PDVSA y habría sido blanqueado por una sociedad en Panamá, en la que participaba Márquez. Esto es lo que investiga actualmente el juez del Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Aunque las investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales han escalado hasta la Audiencia Nacional, Márquez no parecía estar preocupado por el proceso judicial, más bien, había decidido colaborar con la justicia como lo demostró el 17 de julio cuando llegó a España desde un vuelo procedente de Estados Unidos, sobre él pesaba una orden de captura desde el 20 de mayo, por lo que tenía muy claro que sería detenido al pisar el aeropuerto de Barajas.
Breve declaración para ampliar el siguiente lunes
Dos días después, el viernes 19 de julio, hizo una breve declaración ante el juez instructor y quedó citado para ampliarla el lunes 22 de julio y fue prohibida su salida del país con las medidas cautelares dictadas por la Audiencia Nacional. Aunque algunos medios españoles informaron precipitadamente que el investigado había logrado huir a EE.UU. ese fin de semana. Sin embargo el domingo 21 de julio se encontró su cadáver en su despacho de Alcobendas, Madrid.
Desde entonces, las dudas rondan en la cabeza de los investigadores, ya que Márquez viajó a España sabiendo que sería detenido. Además, fuentes citadas por el diario El País aseguran que estaba dispuesto a “tirar de la manta” con respecto a la investigación y que es muy extraño que después de comenzar las pesquisas se suicide.
Tras su primera declaración ante el juez Santiago Pedraz concluyó con el reconocimiento por parte de Márquez como firmante en nombre de PDVSA y como representante de Rafael Ramírez -presidente en ese momento de la estatal y exministro de Energía-.
Supuestamente, Márquez habría pagado más de 4.5 millones de dólares al exembajador Morodo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que el dinero ha sido repartido entre los implicados e investiga a Morodo y su hijo por estos hechos.
Raúl Morodo, exembajador en Venezuela es el principal investigado de la trama de los 4,5 millones.
Pocas horas después de declarar, las alarmas saltaron en Estados Unidos que avisó a las autoridades españolas de que Juan Carlos Márquez estaba en una lista de pasajeros rumbo a Chicago; no obstante, las autoridades migratorias arrestarían y deportarían al investigado en el mismo avión en el que supuestamente viajaría a Estados Unidos. Esto no fue necesario, porque Márquez no iba a bordo del IBERIA 6274.
El exjerarca chavista fue encontrado muerto en su despacho de la calle Mirasierra 12, Alcobendas, Madrid. El hallazgo lo hizo la Policía Nacional después de ser alertados por compañeros de oficina del fallecido, que indicaron que la puerta estaba bloqueada.
En un primer momento, las informaciones manejadas hablaban de suicidio, pero la autopsia reveló que el cuerpo de Marqués tenía manchas de sangre en la cabeza y cuerpo, algo que según fuentes policiales resulta inverosímil si el sujeto se había matado voluntariamente. También explicaron que es muy complicado que una persona logré suicidarse por ahorcamiento sin varios intentos previos.
Según informaciones que también publica elconfidencial.com, la cerradura del despacho habría sido forzada. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, sobre el que ha recaido la investigación de este presunto asesinato, ha ordenado que se abran diligencias para esclarecer la muerte de Márquez. Entre los requerimientos judiciales se encuentra el registro del móvil del fallecido.
La autopsia definitiva podría tardar semanas, pero el fallecimiento de esta figura clave en varias investigaciones contra miembros y amigos del gobierno de Chávez continúa sembrando dudas y los agentes de la investigación no descarta ninguna hipótesis ni detenciones.

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El supuesto suicidio del exgerente de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez Cabrera, genera numerosas dudas. Ocupó el cargo durante la etapa del expresidente Hugo Chávez y era parte de una investigación abierta en España por supuesto blanqueo de capitales, caso en el que estaría implicado el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.Las primeras pesquisas señalan un presunto suicidio por ahorcamiento con su cinturón, según se informó luego de hallar el cadáver de Márquez el pasado domingo en Madrid.

Sin embargo, a miembros de la investigación abierta en España les choca que alguien vuele de Estados Unidos a Madrid sabiendo que va a ser detenido y que confiese saber “muchas cosas” de PDVSA y de Morodo, pero luego decide quitarse la vida en menos de 24 horas después de salir del despacho del juez Santiago Pedraz.

De origen español, Márquez (48) era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA. Con su firma y el aval del ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, hoy en paradero desconocido y perseguido por la Fiscalía de su país, movió decenas de millones de dólares de la más importante factoría petrolera de Sudamérica durante el chavismo.

No se sabe qué pasó por la cabeza de Márquez el pasado fin de semana, tras declarar ante el juez Pedraz el viernes. Era un eslabón esencial del caso Morodo. Del juzgado salió al mediodía en libertad con cargos. No podía abandonar España.

Su primera declaración ante la juez y la fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, fue escueta. Reconoció ser el firmante en nombre de PDVSA, y por delegación de Ramírez, de los lucrativos contratos por importe de 4,5 millones con los que favoreció a la trama Morodo.

Casi fue una entrega voluntaria. Sabía que al aterrizar en Madrid le detendrían por el caso Morodo, según fuentes de la investigación.

Los investigadores creen que el dinero se lo repartieron entre todos. Esta trama la desmanteló Pedraz el pasado 20 de mayo, con registros y cuatro detenciones, entre ellas las de Alejo Morodo, hijo del exembajador, y su socio Carlos Prada. A Morodo padre no se le quiso detener debido a su edad, 84 años, pero sí ha declarado como investigado.

Márquez no estaba ese día en España. Fue cuando Pedraz dictó contra él una orden de busca y captura.

Márquez, señalan fuentes de la investigación, se ha llevado muchos secretos que habrían ayudado a nutrir varias causas que se siguen por corrupción en varios juzgados españoles contra exdirectivos de PDVSA residentes en España.

Una investigación interna de la petrolera concluye que varios de los antiguos directivos defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares, autoconcediéndose contratos de compra de material a sus propias sociedades y amañando licitaciones y blanqueando el botín en España.

El juez José de la Mata ha ordenado que se investiguen las circunstancias de la muerte de Márquez.

PENSARON QUE MÁRQUEZ HUYÓ

El viernes por la tarde los investigadores recibieron un aviso desde Estados Unidos. Interpol de Washington alertó a la Policía española que tenía localizado a Márquez en un avión que acaba de salir de Madrid con dirección a Chicago, pero que no le dejarían pisar suelo estadounidense.

Le “deportarían” en el mismo avión. Y estaría de vuelta en Barajas el lunes a primera hora.

Todos dieron por hecho que se había fugado. El sábado, la Fiscalía habló con el juez que relevaba a Pedraz ese día, el magistrado José de la Mata, para pedirle que fijase una comparecencia contra Márquez el lunes y, dado que había huido, pedir prisión para él.

La alerta de Interpol fue un error. Halló su nombre entre los viajeros del vuelo y dio por hecho que Márquez iba en ese avión. Pero la realidad es que nunca se subió.

El domingo, a las 14:40, su cuerpo fue hallado sin vida en un inmueble de oficinas en Madrid.